Aunque en principio parezca que la política de austeridad afecta a la macroeconomía, y que cuando se saca pecho con macrocifras económicas no parece tanto (estamos hablando de apenas un tanto por ciento inferior a las dos cifras), la realidad es que nos afecta, y muy directamente.
El truco es coger una unidad económica media, más realista que la del individuo o en el otro extremo, la provincia o comunidad autónoma. Y esa unidad que quiero tener en cuenta es la familia, ya que se comporta como un ente económico básico, muy por encima del individuo.
Y los diferentes recortes han influido de la siguiente manera:
Ingresos
El aumento del paro en estos últimos años, en más de 4 millones de personas, implica que éste afecta en mayor o menor medida a los ingresos de las familias. Y cuando afecta, lo hace de forma radical, ya que un miembro de la familia en paro supone un recorte importante de los ingresos. Primero es de forma provisional, mientras se percibe la prestación por desempleo, pero después y en muchos casos, es de forma brutal, al caer los ingresos a 0 de uno de los miembros.
Además, es una lotería mortal. Si quien cae en el desempleo es uno de los cabeza de familia, por edad es muy difícil que vuelva a encontrar empleo, lo que le puede lastrar de por vida.
Por otro lado, la reforma laboral ha afectado a los sueldos. En muchos casos han bajado, y como mínimo la inmensa mayoría no han tenido variación al alza en los últimos años, en una congelación salarial que ya lleva unos cuantos años.
Por último, están las pensiones, algo que se está reduciendo por lo que el flujo de ayuda de padres jubilados a hijos también disminuye, y en muchos casos el flujo es inverso, ya que a los abuelos no les llega para pagar sus medicinas, que se han encarecido en los últimos años.
La disminución de las ayudas a la dependencia suponen en muchos casos un sobrecoste importante para las familias. Tener que pagar una residencia para el abuelo con alzheimer, por ejemplo, lastra de forma considerable la economía familiar.
Gastos
El IPC nos dice que los precios no han subido mucho estos años, que incluso tenemos amenaza de deflación, pero la realidad es que los gastos para las familias sí que han subido, y de forma considerable durante la crisis:
- Educación. Directamente, la disminución de las becas trae consigo un traslado de los gastos en educación, que no se ve reflejado en el IPC, como tampoco la reducción de los servicios de transporte rurales, que obliga a los padres a levar a sus hijos al colegio. Hay que sumar la disminución de ayudas a la conciliación familiar que en muchos casos se traduce en que se encarece el servicio de guardería de alumnos durante las horas en las que éstos no tienen colegio, pero sus padres trabajan, y han de ser llevados al colegio antes por ausencia de servicio de transporte escolar. Además, el empeoramiento en la calidad de la enseñanza (aumento de alumnos por clase y menores medios) aumenta las necesidades en clases particulares para mantener el nivel de enseñanza.
- Sanidad. Directamente, el copago farmacéutico no se refleja en el IPC porque los medicamentos no suben de precio, pero pagamos más por ellos al disminuir el porcentaje de subvención sobre ellos desde el estado. A esto hay que sumar la externalización de servicios, que trae consigo retrasos en el tratamiento de enfermedades, y un aumento de la dependencia de servicios privados. Por otro lado, la aparición de servicios de pago en la sanidad pública, desde la televisión hasta las comidas, y que estos servicios se den con cierta exclusividad (prohibición de traer comida del exterior) también aumenta los gastos hospitalarios para las familias, sin que tengan un reflejo en el IPC.
- Presión fiscal. La subida del IVA (del 16 al 21%) y la recalificación del IVA de muchos productos, amén de otro tipo de incrementos como el IRPF, el IBI o las multas de tráfico o sanciones administrativas varias da lugar a una merma importante del dinero disponible para las familias.
- Costes financieros. Si las familias podían tener una posibilidad de trasladar costes actuales al futuro pidiendo créditos para sobrevivir, en muchos casos esta posibilidad no existe, ya que las entidades financieras no conceden créditos, y cuando lo hacen es con condiciones abusivas. El mal uso de las cajas de ahorro públicas, cuya función era atender precisamente estas necesidades de las familias, ha provocado su privatización, y un control muy estricto sobre ellas, de manera que su función principal crediticia a las familias (no olvidemos que los famosos "montes de piedad" no eran más que una forma de conceder un crédito hipotecando un bien, en condiciones ventajosas) a desaparecido por completo.
- Costes energéticos. La energía se ha encarecido de forma demencial, y las reformas energéticas llevadas a cabo no hacen más que aumentar ese coste. La función principal del mercado regulado, que era mantener una energía accesible a todo el mundo, se ha pervertido de tal manera que sirve para mantener los beneficios de las empresas eléctricas aunque disminuya la demanda. Además, la última reforma eléctrica aumenta su coste independientemente del consumo.
Conclusión
Para las familias la crisis ha supuesto una disminución drástica de su poder adquisitivo. Los expertos la cifran en más de un 15% en los últimos 5 años de media. ¿Y cómo se refleja esa pérdida de poder adquisitivos?
Lo primero, se reduce el ahorro. Las familias dejan de ahorrar ya que no tienen superavits en su balance económico.
Posteriormente se reducen gastos. El consumo queda muy mermado ya que un incremento en el precio de los productos básicos hace aumentar la dependencia de éstos, desapareciendo el gasto en otros de no primera necesidad. Este es un efecto muy conocido en economía y se da mucho en alimentación. El aumento del precio de la patata suele traer consigo un aumento de la demanda de la patata (y su aumento de precio consiguiente) y una caída de la demanda en carne y pescado. Para entendernos, la electricidad se ha vuelto tan cara que con lo que nos gastamos en pagar la factura no tenemos para poder comprar bombillas de bajo consumo que la reducirían.
Cuando los gastos no pueden reducirse, se procede al endeudamiento, mediante la solicitud de créditos o el aumento del plazo de devolución de los existentes, como los hipotecarios, lo cual trae consigo además un coste extra, debido al sobrecoste financiero.
Y cuando esto ya no es suficiente, se pasa a la venta de posesiones, en muchos casos por debajo del coste de compra. Y en el caso más extremo, la venta de la vivienda propia, a veces forzados por un desahucio.
Y lo que es peor, el alargamiento en el tiempo de la crisis. Las familias van pasando por estas diferentes fases y de una forma logarítmica. Si se mantuvieran las condiciones actuales, las familias seguirían pasando por las diferentes fases que he mencionado de gastar los ahorros, disminuir los gastos, endeudarse y vender sus posesiones, pero es que además cada vez que aparece un recorte nuevo, las familias ven mercado aún más su poder adquisitivo, por lo que la velocidad de empobrecimiento se acelera.
Y más familias en precario frente a crecimiento basado en la creación de capital significa ni más ni menos que una prueba palpable de la polarización de la riqueza que está consiguiendo esta política de recortes del Gobierno del Reino de España.
¿Y la economía va realmente mejor? Pues no. El aumento de competitividad de las empresas se ve fuertemente minado por su tamaño (demasiadas PYMES con unos costes estructurales muy altos), por el aumento brutal de los costes energéticos y financieros (se han reducido en aproximadamente un 2% los costes de las empresas por la brutal reforma laboral, mientras que la reforma eléctrica los ha aumentado en un 5% y nuestras PYMES pagan cerca del triple en costes financieros que sus homónimas alemanas) y por la situación de IPC estancado (reducen costes, pero no aumenta su competitividad porque venden más barato, por lo que no se genera crecimiento).
Se está produciendo un período de estancamiento en la crisis, como el que se dio en 2010, pero el parón de Francia y Alemania no auguran un futuro demasiado prometedor (bueno, prometedor sí, que el lehendakari Urkullu ya alardea de una tasa de crecimiento en Euskadi del 5% en 2015 y los de Madrid están que se salen con crecimientos de más de 3 cifras por lo menos).
El problema es que con la tasa de paro que hay y la reducción drástica del poder adquisitivo así como unas políticas de remuneración del capital, a las familias apenas les va a llegar esa recuperación económica, produciéndose un efecto muy marcado de polarización de la riqueza, ya que las familias no van a notar esa presunta recuperación, seguirán en precario (lo cual seguirá lastrando el consumo y provocando situaciones de deflación por venta masiva de patrimonio para poder hacerse cargo de los costes corrientes) y además, en caso de otra caída, habrá un número muy significativo de familias que no podrán asumir la crisis.
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Al margen del proceso judicial por estos hechos, la que realmente ha salido perdiendo por este juicio ha sido Yolanda Barcina. La presidenta del gobierno de Navarra está pringada hasta las orejas en el caso del expolio de Caja Navarra y ha sido librada por la Fiscalía. Y en medio de estas actuaciones judiciales lamentables, junto con otras como la sentencia del Prestige, donde parece que tiene menos valor ensuciar la costa cantábrica que mancillar el maquillaje de la Barcina, ha salido este juicio, que considera atentado esta acción.
